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Los retos de Pilar Llop como ministra de Justicia. El presidente del CGPE, Juan Carlos Estévez enumera las actuales demandas de la Procura y tiende la mano al ministerio para una colaboración "estrecha y leal".

Noticias Jurídicas


20 JUL 2021

 

“Ya me conocen, saben de dónde vengo. Quiero decirles que estoy aquí para ustedes”. Con estas palabras, la magistrada Pilar Llop (47 años) recogió el pasado lunes la cartera del ministerio de Justicia de las manos de Juan Carlos Campo. La nueva ministra, magistrada especialista en violencia de género, recibió un maletín cargado de asuntos pendientes, que no le auguran un camino de rosas en sus primeros meses de mandato.

Llop encara una complicada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la digitalización definitiva de la justicia y el avispero de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Esta última fue la gran tarea que Campo no pudo culminar. Jueces, fiscales, abogados y procuradores piden a la nueva ministra más medios, más plazas y abordar reformas urgentes.

 

La meta es renovar el CGPJ

La renovación del órgano de gobierno de los jueces, que cumple dos años y siete meses en funciones, es la gran preocupación del sector legal. Los jueces se muestran intranquilos ante la anómala situación del consejo, pero los partidos no se ponen de acuerdo en cómo repartirse la designación de vocales, de cuya renovación depende las sillas del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas. Llop ya ha expresado que ve “imprescindible” desbloquear los nombramientos y confía en que la situación se resuelva “cuanto antes”.

Mientras, las principales asociaciones de jueces mueven ficha. La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) expresa la necesidad de “modificar el sistema de renovación de al menos la mitad de los vocales para cumplir los estándares de independencia judicial que nos exige la UE”, apunta su portavoz nacional, Jorge Fernández Vaquero. Por su parte, Manuel Almenar Belenguer, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) insta a la nueva ministra a implementar “un sistema de elección de los vocales judiciales para que sean elegidos por los propios jueces”.

Un paso más allá van los representantes de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que este miércoles acudieron al despacho de Carlos Lesmes para pedir su dimisión como presidente del CGPJ ante una situación que tachan de “insostenible”. El grupo señala al principal partido de la oposición como la causa que “impide el mandato constitucional de renovar el consejo”. La última renovación se llevó a cabo en 2013, con el Partido Popular en el Gobierno.

Agilizar las reformas

Adaptar el proceso judicial español a las exigencias de la Unión Europea es otro de los grandes asuntos en el tintero. Los fiscales meten prisa a la ministra para cerrar un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal, antes de poner en marcha el modelo de fiscal instructor que exige Europa.

Con el nuevo sistema, el fiscal asumirá las riendas de las investigaciones judiciales, tarea que hasta ahora llevaba el juez instructor. La Unión Europea apremia a estas reformas, pero España necesita poner a punto profundos cambios para abordar el asunto. Juan Antonio Frago, presidente y portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), incide en la falta de presupuesto para digerir una reforma de tal magnitud. “Les ponen de ministro pero sin dinero detrás. Nadie habla del coste económico de una modificación del calado de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal”, resalta.

En cuanto a la eterna lucha por la independencia judicial, la APIF llama a la ministra a reforzar el ascenso por méritos y “no por el dedazo del Fiscal general del Estado de turno”. “De nada servirá una nueva LECrim si el Fiscal General decide a quién se pone y a quien se quita”, subraya Frago.

Por su parte, la APM llama a “extraer la Justicia del debate político” y a “retomar el diálogo, no el monólogo, con las asociaciones judiciales”. La AFV coincide y reclama más independencia, un camino que, según su portavoz, el anterior ministro “abandonó”.

El otro gran reto para Llop es culminar la modernización de la justicia. Según los datos del Poder Judicial del año 2019, los procesos en los juzgados de lo social y de lo penal tardaron una media de nueve meses en resolverse. Algunos tribunales registraron listas de espera de media superiores al año.

Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, tiene la seguridad de que la ministra “dará continuidad a la normativa en tramitación sobre eficiencia procesal, organizativa y digital”, y muy especialmente, culminará la Ley de Derecho de Defensa, la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica y la normativa de conciliación y desconexión sobre letrados. La Asociación Usuarios Financieros (ASUFIN) pone el acento en la saturación de los juzgados de cláusulas suelo y aseguran que la insistencia de la banca en pleitear hace que algunos pleitos (juicios) “se demoren hasta cuatro años”, un tapón que requiere la atención del ministerio.

Reconocimiento a los procuradores

Los procuradores, como los fiscales, también reclaman un nuevo estatuto. Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España, llama a Llop a sacar adelante este proyecto “aparcado en el ministerio y que no avanza”, afirma. Se mantienen atentos a la tramitación de la nueva ley de acceso a la abogacía y a la procura, que, entre sus novedades, prevé la unificación de las pruebas de acceso a ambas profesiones, aunque imposibilita su ejercicio simultáneo. Desde el Consejo confían en poder incluir algunas mejoras al texto definitivo en el trámite en el Senado, en especial "en materia de aranceles".

Asimismo, la procura demanda que se reconozca su labor en la fase de ejecución de sentencias, unas tareas que en la práctica asumen, pero que denuncian que “la ley no reconoce”. "Los procuradores queremos alcanzar un mayor protagonismo en este procedimiento", subraya Estévez, que tiene la esperanza de que la ministra no se quede en asuntos de grandes titulares y baje al barro también en cuestiones de menor envergadura. "Al ciudadano de a pie le interesa su pleito, no a quién van a nombrar en el CGPJ. Es lo que llamo microjusticia, y de eso tendrá que ocuparse la ministra también, porque es un servicio público", subraya. En esta tarea, tienden la mano al ministerio para una colaboración "estrecha y leal".

Los primeros pasos de Pilar Llop como ministra evidencian que su agenda, en todo caso, será feminista. Su primera visita tras jurar el cargo fue al Juzgado nº5 de Madrid de Violencia de Género. Llop dejó claro en su discurso de bienvenida que “este es el siglo de las mujeres líderes” y pidió "complicidad" para remover los “obstáculos que impiden o dificulten la libertad de las mujeres”.

LOS PLANES QUE CAMPO DEJA A MEDIAS

Justicia 2030. El ya exministro Campo lo calificó como el “plan más ambicioso jamás pensado para la administración de Justicia desde la Transición española”. La patata caliente pasa a Llop, quien asume un presupuesto de 410 millones de los fondos UE para reformar y modernizar íntegramente los juzgados españoles en un plazo de nueve años. De este dinero, dos de cada tres euros irán destinados a la transformación digital.

Nuevos tribunales. La hoja de ruta de Justicia también prevé el cambio de la nomenclatura clásica de los órganos judiciales. La Ley de Eficiencia Organizativa, cuyo Anteproyecto se presentó en mayo, recoge eliminar los juzgados tradicionales y sustituirlos por Tribunales de Instancia y suprimir los Juzgados de Paz por Oficinas de Justicia.

Sedición y rebelión. Otro cabo suelto y anunciado a bombo y platillo. Campo insistió en la necesidad de abordar su definición penal y “homologarlo al resto de países europeos”, pero el proyecto aún no ha visto la luz. La cuestión queda ahora en el negociado de la nueva ministra.

Proceso penal. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y su implantación será el proyecto legislativo más complejo que tendrá que cerrarla ministra. Según el anteproyecto, el procedimiento quedará divido en tres grandes etapas: investigación, juicio de acusación y juicio oral. Los fiscales tendrán bajo su batuta a la Policía Judicial para estudiar posibles delitos y entrará en escena el juez de garantías. que vigilará que no se cometen abusos. Entre sus funciones, decidirán si se concede el secreto de sumario o controlarán algunas decisiones del fiscal.


Fuente: cincodiaselpais.com


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