El próximo 1 de julio entrarán en funcionamiento 315 Tribunales de Instancia (TI), pertenecientes a la primera fase de la implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada por las Cortes Generales el pasado mes de enero, según informa el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en un comunicado.
En esta Fase I, se activan 236 Tribunales de Instancia en comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia y 79 en el territorio gestionado por el Ministerio, lo que representa el 100% de los previstos, cumpliendo así con lo establecido en la Ley.
A lo largo del año se completarán otras dos fases: 16 nuevos tribunales el 1 de octubre y 100 adicionales el 31 de diciembre, hasta alcanzar los 431 Tribunales de Instancia en todo el territorio nacional.
El 1 de julio se pondrán en marcha también 4.818 Oficinas de Justicia en el Municipio, en los partidos judiciales que forman parte de esta primera fase. Estas oficinas permitirán acercar la Justicia a toda la ciudadanía, incluso en localidades sin sede judicial, facilitando trámites como la obtención de documentación judicial, presentación de escritos, atención a víctimas o conexión por videoconferencia con juzgados. Se trata de un nuevo modelo de atención descentralizada y digital, que garantiza el acceso igualitario al servicio público de Justicia.
Por comunidades autónomas, Andalucía pone en marcha 70 Tribunales de Instancia, Galicia 38, Cataluña 33, Comunitat Valenciana 24, Aragón 13, Asturias 13, Comunidad de Madrid 14, Navarra 4, Canarias 9, País Vasco 9, Cantabria 7 y La Rioja 2. En los territorios con competencia estatal, la implantación se ha realizado al 100%, cumpliendo los plazos establecidos por la ley, activándose 31 Tribunales de Instancia en Castilla y León, 8 en la Región de Murcia, 16 en Extremadura y 24 en Castilla-La Mancha.
La nueva estructura judicial transforma 3.900 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas, lo que permite una mejor gestión de los recursos humanos, mayor agilidad procesal, más capacidad de respuesta ante aumentos de carga de trabajo y ahorro para las arcas públicas.
"Esto permite, por ejemplo, que en lugar de tener que crear un nuevo juzgado con su sede y plantilla completa, bastará con incorporar nuevas plazas judiciales dentro de un Tribunal de Instancia ya existente, lo que reduce de 400.000 a 86.000 euros el coste por cada nueva plaza de juez. En total, las comunidades autónomas con competencias transferidas lograrán un ahorro acumulado de 290 millones de euros en los próximos diez años. Y para facilitar esta transformación, el Ministerio ha transferido más de 325 millones de euros procedentes de fondos europeos, a los que se suman 25 millones destinados a soluciones tecnológicas", señala el comunicado.
El Ministerio también ha aprobado la creación de 50 nuevas plazas de jueces y 42 de fiscales especializados para reforzar las Secciones de Violencia sobre la Mujer, que se integrarán en los Tribunales de Instancia y asumirán desde octubre todos los delitos de violencia sexual, cumpliendo así el Convenio de Estambul. Además, se crean tres nuevas secciones especializadas en violencia sobre la infancia y adolescencia en Madrid, Barcelona y Málaga.
Fuente: eleconomista.es
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