El Consejo General de Procuradores de España ha mostrado su preocupación ante el acuerdo alcanzado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Hacienda mediante el cual se facilite toda la información relativa a la participación de procuradores en todos los procedimientos judiciales durante los años 2014, 2015 y 2016.
Entienden que con ello los procuradores se encuentran bajo una sospecha generalizada como defraudadores fiscales, siendo la realidad muy distinta, ya que según aseguran todos los procuradores llevan a cabo sus declaraciones a Hacienda para cada uno de los tributos.
Asimismo, insisten en que no pretenden que su voluntad de colaborar con el fisco español, se vea empañada, "por lo que parece ser una velada acusación general de incumplimiento".
Por todo ello, el Consejo General de Procuradores, ha encargado a sus servicios jurídicos un detallado estudio de la situación, y baraja la posibilidad de interponer el correspondiente recurso, pidiendo la suspensión cautelar de la aplicación del acuerdo
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