El Consejo de Ministros aprobó esta semana el Real Decreto por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales que introduce cambios en la organización del Ministerio de Justicia para avanzar en la transformación de este servicio público.
Entre ellos, el que afecta a la Dirección General de los Registros que pasa a depender de la Secretaría de Estado de Justicia –antes dependía de la Subsecretaría -, bajo la denominación de Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
De acuerdo con este Real Decreto, el Ministerio de Justicia se estructura en tres órganos: la Secretaría de Estado de Justicia; la Subsecretaría de Justicia, de la que depende la Secretaría General Técnica, y la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, con rango de subsecretaría.
De la Secretaría de Estado dependen los siguientes órganos directivos: la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de la Justicia, con rango de subsecretaría, y la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos. Por su parte, de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público dependen la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Quedan suprimidas la Secretaría General de la Administración de Justicia, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, la Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, la Dirección General de los Registros y del Notariado, la Dirección General para la Memoria Histórica y la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos.
Además, el Gobierno ha aprobado los nombramientos de Pablo Zapatero como secretario de Estado de Justicia, en sustitución de Manuel Jesús Dolz; de Paula Novo, quien será secretaria general técnica en lugar de José Amérigo, y de la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente.
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