Frederic Xavier Ruiz, Decano del Ilustre Colegio de Procuradores«La situación precaria de la justicia necesitaba de un cambio urgente y de calado»«Estamos concentrados en solucionar inconvenientes, solo el tiempo dirá si se ha acertado con la Ley de Eficiencia»— ¿Cómo valora el primer año de entrada en vigor de la Ley de Eficiencia?— Aún es demasiado pronto para hacer balance. El despliegue de sus medidas ha sido progresivo y algunas de ellas de reciente implantación. Permanecemos a la expectativa en relación a la virtualidad de su efectividad que, entendemos, solo veremos a medio o largo plazo.— ¿De qué manera ha afectado a la labor de los procuradores?— Obviamente en el esfuerzo adaptativo que viene a sumarse a otros en un período de tiempo en el que continuamente se modifican normas procesales para adecuarlas a las exigencias sociales a las que dar respuesta. Se trata, como profesionales, de ofrecer nuestra mejor versión con el fin de minimizar los inconvenientes que para los ciudadanos pueda tener una justicia permanente «en obras».— ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de esta norma, tanto para los ciudadanos como para los procuradores?— Todos somos conscientes de que la situación precaria de la justicia necesitaba de un cambio urgente y de calado. Se hablaba del cambio de organización de la oficina judicial desde hace tiempo; sin embargo, la impresión que finalmente se ha trasladado, sin hacerlo con la debida interlocución con los operadores jurídicos y en tan corto espacio de tiempo para no suspender la actividad judicial, ha sido de desconcierto y desorden. Por tanto, estamos tan concentrados en solucionar inconvenientes que solo el tiempo dirá si se ha acertado con ella.— Algunas voces han alertado sobre la dificultad de acceder a la justicia gratuita que se deriva de la Ley de Eficiencia. ¿Cree que es así?— En la aprobación de la reforma no se contemplaban cuestiones que deben tenerse en cuenta igualmente en justicia gratuita, como los medios alternativos de solución de conflictos que, como requisito de procedibilidad, planteaban el problema desde ese momento de no formar parte del contenido de las prestaciones reconocidas. A la espera de una reforma efectiva, se buscan fórmulas para que esto no suponga una mayor dificultad para quienes solicitan ese derecho.— Está próximo a cumplir 20 años como decano del Colegio de Procuradores, ¿cuáles son los principales cambios que se han vivido tanto en el seno del Colegio como en el ejercicio de su profesión?— Sin lugar a dudas, la transformación de la justicia «analógica» a la digital. Este cambio de paradigma ha supuesto modificar estructuras y adecuar la operativa en todos los ámbitos, así como mentalidades de quienes veníamos ejerciendo esta profesión que, manteniendo su esencia, hemos transformado en una especializada y técnicamente preparada para los retos que el día a día nos plantea.— ¿Cuáles son las demandas de sus colegiados y cómo se trabaja para atenderlas?— Trabajamos desde la proximidad e inmediatez al colegiado. El Colegio es parte de nosotros y, por tanto, integramos las necesidades para darles soluciones en la medida de las posibilidades y medios de los que disponemos. No somos ajenos a la mayor parte de las demandas que nos hacen, dado que normalmente las vivimos personalmente y, por tanto, la labor principal es detectarlas y adelantarse a ellas siempre que podemos.— El Colegio también ofrece formación a los procuradores, ¿cuáles son las necesidades de los colegiados en este ámbito?— El continuo vaivén legislativo y la permanente actualización de los medios que utilizamos obliga a una puesta al día que no solo implica jornadas formativas, sino un esfuerzo en tener a los colegiados informados puntualmente y fomentar su necesidad de estar al corriente de aquello que pueda hacer más operativo y eficiente el servicio que presta.— Las nuevas tecnologías, con la IA a la cabeza, están revolucionando la manera de trabajar de muchos profesionales, ¿de qué forma pueden ayudar a los procuradores?— Fundamentalmente, en aligerar aquellas tareas sistemáticas y reiterativas, permitiendo que el profesional pueda concentrarse en las esenciales de su intervención. Sin embargo, no debiéramos poner tanto énfasis en los medios que nos ayudan a prestar el servicio como en el contenido de este. La justicia tiene esencialmente un componente humano que sigue siendo el más importante a tener en cuenta para gestionarla e impartirla.— Uno de los objetivos que se marcó ya en su primer mandato fue dar a conocer la labor y la figura del procurador, ¿diría que se ha conseguido? ¿De qué manera lo han impulsado?— Hemos avanzado mucho en esta cuestión. Sin perjuicio de ello, debemos siempre aspirar a mejorar el conocimiento que se tenga de nosotros, proyectando nuestra profesión y a nuestros colegiados a través de los canales habituales, como la recientemente renovada página web o iniciativas como la presente.— ¿Qué le gustaría que supiera el ciudadano de los procuradores y de la labor que desempeñan?— Somos un colectivo abierto y a disposición de nuestros usuarios, por lo que intentamos que quienes quieran conocernos, lo hagan.— ¿Por qué aconsejaría contar con un procurador?— En los casos en los que es necesaria legalmente su intervención, no es tanto aconsejar contar con él, sino recomendar que se confíe en su profesionalidad. Y para aquellos casos en los que no es preceptivo contar con él, puede suponer la diferencia entre llevar a buen término las pretensiones o tener disfunciones o, incluso, abandonarlas por el camino.

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad contra los medios adecuados de solución de controversias (MASC), una de las medidas estrella del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y que apenas lleva 10 meses en marcha.La Ley de Eficiencia de la Justicia obliga desde el pasado 3 de abril a intentar una negociación previa entre las partes antes de acudir a los tribunales en todos los asuntos del ámbito civil y mercantil, como la conflictividad entre socios, por cláusulas bancarias, algunos casos de okupación, alquileres, incumplimientos de contrato o procesos de divorcio y medidas paternofiliales.La Corte analizará si tener que acreditar ante los tribunales un intento de negociación previo antes de interponer una demanda (de lo contrario será rechazada) supone una barrera que impide el acceso a la justicia.José Miguel Blasco, socio de civil y procesal de Net-Craman, explica que la admisión a trámite significa que existen dudas fundadas sobre si la obligación de negociación previa vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. "Este avance genera una notable incertidumbre jurídica, pues cuestiona la validez de un requisito procesal clave que afecta a la planificación de todos los litigios. Si finalmente se declarase inconstitucional, se eliminaría esta exigencia para poder demandar, lo que facilitaría el acceso directo a los tribunales, pero podría revertir la estrategia, de dudoso resultado hasta el momento, de desjudicialización de conflictos", indica.Del mismo modo, Tomás Villatoro, socio de derecho procesal y resolución alternativa de litigios en Ius + Aequitas Trial Lawyers, añade que, desde el punto de vista de fondo, el análisis por parte del Constitucional previsiblemente girará en torno al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución, en su vertiente de acceso a la jurisdicción. "El Tribunal deberá examinar si exigir previamente un mecanismo alternativo de solución de controversias como requisito para poder demandar constituye una carga razonable y proporcionada o si puede convertirse, en determinados supuestos, en un obstáculo excesivo para acudir a los tribunales. La cuestión no es la utilidad del sistema, sino su encaje constitucional", asegura.El experto indica que desde la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia de la Justicia los MASC han generado un debate intenso entre los profesionales de la abogacía. Desde su aprobación, se ha cuestionado tanto su técnica como su impacto práctico en el acceso a la justicia y ello ha provocado una aplicación judicial no uniforme. "Distintas Salas de los Tribunales Superiores de Justicia han ido estableciendo criterios propios respecto de los aspectos más controvertidos del requisito de procedibilidad vinculado a los MASC, sin que hasta la fecha exista una pauta jurisprudencial consolidada que unifique doctrina. Esta diversidad interpretativa ha obligado a los profesionales a operar en un escenario de notable incertidumbre, pendientes de criterios territoriales dispares", señala al respecto."Ahora corresponde al Tribunal Constitucional fijar una posición clara que aporte coherencia, uniformidad y la necesaria seguridad jurídica al sistema", concluye.La Corte de Garantías tendrá que dar traslado de la cuestión al Congreso, al Senado, a la Fiscalía General del Estado y al Gobierno para que puedan personarse y formular alegaciones en un plazo de 15 días. El caso, según Tomás Villatoro, sitúa en el centro del debate público una de las iniciativas legislativas más significativas del Ejecutivo y le obliga a defenderla.Fuente: eleconomista.es

Concede al Consejo de la Abogacía una subvención de 46,6 millones de eurosEl Consejo General de los Procuradores recibe otros 5,03 millonesSe abonará compensación a los profesionales que participen en los MASCEl Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha aprobado una orden, publicada hoy en el BOE, para pagar la asistencia de justicia gratuita que ofrecen los abogados y procuradores en 2026 y también para abonarles los importes pendientes de noviembre y diciembre de 2025.El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), encargado de organizar los servicios de asistencia jurídica gratuita, recibirá una subvención de 46,4 millones de euros para hacer frente a los pagos de los profesionales de la abogacía.Asimismo, recibirá otros 1,8 millones para hacer frente a los impagos del turno de oficio y las liquidaciones pendientes desde el último trimestre de 2019.El Consejo General de los Procuradores de España recibirá 5,03 millones de euros para indemnizar a los profesionales de la procura en los asuntos de asistencia jurídica gratuita.Finalmente, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos recibirá 1,01 millones para pagar a los profesionales que dan asistencia psicológica a las víctimas.Estas subvenciones serán anuales. Los tres consejos tendrán que abonar las cuantías pendientes de los dos últimos meses de 2025 antes de que finalice el primer trimestre de este año.Asimismo, y como novedad, se incluirá dentro de los servicios a indemnizar aquellos que presten los abogados para llevar a cabo un medio adecuado de solución de controversias (MASC). La Ley de Eficiencia de la Justicia obliga a las partes de un conflicto del ámbito civil a intentar llevar a cabo una negociación extrajudicial antes de interponer una demanda.El Consejo General de la Abogacía Española ha señalado en una nota que la Orden aprobada por el Ministerio es un "avance". Salvador González, presidente del Consejo, indica que se seguirá trabajando para que se aprueben las peticiones históricas e imprescindibles que reclama la abogacía española. "Entre las prioridades se encuentra el incremento de las retribuciones y su actualización periódica, lograr más agilidad en los pagos, más especialización y extensión de servicios, que desaparezcan las brechas territoriales y que haya garantía de abono por todas las actuaciones prestadas, entre otras cuestiones", destaca.Fuente: eleconomista.es

La implantación de la nueva Oficina Judicial ya está en marcha en prácticamente todos los partidos judiciales. Según la LO 1/2025, de 2 de enero, cada Partido Judicial de España contará con una Oficina Judicial estructurada en torno a servicios comunes que sustituyen al modelo tradicional de juzgados. El objetivo es claro: ganar eficiencia, especialización y homogeneidad organizativa.La implantación de las 431 oficinas judiciales se ha ido ejecutando desde el 1 de julio al 31 de diciembre. La Fase III va a tener algunos meses de transición según informamos a comienzos de este mes.La Oficina Judicial es "la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales" (Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial)Todas la Oficinas Judiciales cuentan con un Servicio Común de Tramitación (SCT), y en los partidos judiciales de mayor tamaño se han creado también un Servicio Común General (SCG) y un Servicio Común de Ejecución (SCEJ).1. Estructura y funcionamientoCada Servicio Común tendrá un LAJ Director o Directora que ejercer las funciones de dirección y organización de cada servicio común.Bajo la dirección del LAJ se sitúan el resto de LAJ con funciones jurisdiccionales y los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia.La organización interna depende de los protocolos aprobados por los Secretarios Provinciales o de Gobierno y de los que los propios LAJ directores/as establezcan para cada unos de los servicios comunes.2. Modelos según el tamaño del partido judiciala) Oficinas con un único SCT El modelo propuesto por el Ministerio prevé tres equipos:Equipo civilEquipo penalEquipo de asuntos generales y servicios auxiliares (atención al público, organización de vistas, apoyo general)Sin embargo, en muchos partidos judiciales pequeños se mantiene, de momento, la estructura heredada de los antiguos juzgados, debido a la falta de transición y formación específica para los nuevos LAJ Directores/as. Se prevé que la transformación se acelere en los próximos meses.b) Oficinas con varios servicios comunes En partidos judiciales con más de tres juzgados, además del SCT pueden crear:un Servicio Común General, yun Servicio Común de Ejecución.El LAJ Director/a del SCG puede seguir ejerciendo funciones jurisdiccionales si así lo establece la RPT (relación de puestos de trabajo de los Letrados de la Administración de Justicia).En los partidos judiciales de capitales de provincia los Directores/as del STC TI, SCG y SCEJ, será extraño que desempeñen funciones jurisdiccionales ya que solo la dirección de equipos de cien, trescientas o miles de funcionarios, como puede ser Madrid y Barcelona, debería ocupar toda su dedicaciónc) Oficinas de grandes ciudades: Las Oficinas Judiciales de grandes ciudades, que cuentan con más de 1000 funcionarios de cuerpos generales son aún mas complejas y cuentan con un SCT, un SCG y un SCEJ para cada uno de los tribunales (TSJ, AP y TI). Así que estas oficinas tienen nueve servicios comunes.3. El Servicio Común de Tramitación: el núcleo operativo para cada uno de los tribunales del partido judicialEl SCT es el pilar básico de la nueva Oficina Judicial. Cada Tribunal de Instancia dispone de uno, dirigido por un LAJ Director o Directora, cargo de libre designación que, en muchos partidos judiciales, se compatibiliza con funciones jurisdiccionales y con la responsabilidad del Registro Civil.Los partidos que cuentan con Audiencia Provincial cuentan con un SCT de la AP y del TI que en función de su tamaño pueden tener un LAJ Director/a para los dos servicios comunes del SCT AP y SCT TI o dos LAJ Directores/as para cada uno de ellos.Por último, los partidos judiciales que tienen en su sede un Tribunal Superior de Justicia también tendrán un SCT para dar soporte a este tribunal con un LAJ Director/a a la cabeza.Los SCT de capitales de provincia con más de 300 funcionarios de cuerpos generales (gestores y tramitadores) cuentan con una estructura jerárquica de LAJ adjuntos y Jefes de área, Además de las jefaturas que cada administración de justicia haya reservado para cuerpos generales (gestores, tramitadores y auxilios judiciales).2. El Servicio Común General: especialización en tareas transversalesEl SCG complementa al SCT y asume funciones que afectan a todas las plazas judiciales del partido judicial. Su dirección corresponde a un LAJ Director o Directora.Equipos del SCGEl modelo del Ministerio prevé dos equipos:a) Equipo de asuntos generalesFormado por gestores y tramitadores encargados de:Apoderamientos apud-actaApoyo a labores gubernativasRegistro, recepción y repartoCelebración de conciliacionesCoordinación con la Oficina Fiscal y con las Oficinas de Justicia en el municipiob) Equipo de tareas auxiliaresAsume funciones como:Atención a ciudadanía, profesionales y litigantesActos de comunicación y auxilio judicial nacional e internacionalDepósito y archivoControl de agenda de señalamientos y asistencia a vistasServicio de guardia y práctica de diligencias3. El Servicio Común de Ejecución: concentración de la ejecución civil y penalEl SCEJ es el servicio especializado en la fase de ejecución, tanto civil como penal. Su creación está prevista en partidos judiciales de mayor dimensión.Estructura del SCEJSe organiza en tres grupos:a) Grupo civilGestiona:Ejecuciones civilesSubastasControl de plazos y citacionesTramitación de expedientesRecursos y archivob) Grupo penalAsume:Ejecutorias penalesControl de firmezaCitaciones y emplazamientosTramitación de medidas y mandamientosc) Grupo transversal de servicios comunes Encargado de:Averiguación de domicilio y patrimonioGestión de cajaApoyo a todas las plazas judiciales del Tribunal de InstanciaLa dirección procesal corresponde al LAJ Director del SCEJ, que distribuye funciones entre los demás LAJ.Relación con el Registro CivilEl Registro Civil no forma parte de la Oficina Judicial, aunque el LAJ Director del SCG suele ser su encargado en los partidos judiciales pequeños. El encargado en partidos judiciales más grandes duele estar asignado el SCT TI y desempeñar sus funciones con compatibilidad con la Oficina Judicial según lo indique la RPT del LAJ.Los funcionarios del Registro Civil solo podrán colaborar con la Oficina Judicial si su RPT incluye el código correspondiente.Los funcionarios del SCT o SCG no pueden realizar funciones propias del Registro Civil.Los funcionarios del Registro Civil podrán realizar funciones de Oficina Judicial si lo indica su RPT,Conclusión: un modelo en transición que marcará el futuro de la JusticiaLa implantación de la Oficina Judicial supone un cambio estructural profundo. Aunque muchos partidos judiciales aún mantienen dinámicas heredadas y están replicando el modelo de los antiguos juzgados unipersonales, la tendencia es clara: especialización, centralización de tareas y dirección profesionalizada por parte de los LAJ.El SCT, el SCG y el SCEJ conforman un sistema más racional y eficiente, que permitirá liberar a jueces y LAJ de tareas administrativas y mejorar la atención a la ciudadanía. La verdadera transformación, sin embargo, dependerá de la adaptación progresiva de los equipos y de la consolidación de los nuevos modelos organizativos.FUENTE: LAWANDTRENDS.COM

La entrada en vigor de los tribunal de instancia el pasado 1 de enero, en aplicación del régimen transitorio de la Ley Orgánica 1/2025, se está produciendo sin que, en gran parte del territorio nacional, esté operativa la oficina judicial que debe darle soporte.Así lo denuncia el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la asociación mayoritaria de este cuerpo de funcionarios antes conocidos como secretarios judiciales, que advierte de que el proceso “no iba a ser ni tan inmediata ni tan pacífica, como se está anunciando”.Aunque el periodo inhábil impide todavía evaluar plenamente el funcionamiento real de los órganos judiciales, el CNLAJ sostiene que ya se han identificado “demasiados problemas, en los servicios de guardia y de violencia sobre la mujer, y diversidad de criterios en distintas Comunidades Autónomas», incluso en aquellas que aseguraban tener completados los trabajos previos.Retrasos y disparidad de criterios en las Comunidades AutónomasSegún el trabajo de campo realizado por el CNLAJ en toda España, la implantación de la nueva estructura judicial avanza a ritmos muy diferentes según el territorio. En varias Comunidades Autónomas con competencias transferidas, la situación dista de la anunciada oficialmente.En Andalucía, por ejemplo, se han dictado instrucciones que prevén un proceso progresivo que “terminará el 31 de marzo”, sin que hasta entonces se materialice plenamente “el cambio ni la puesta en marcha de la LO 1/2025”.En Aragón, la situación permanece prácticamente inalterada, ya que “aún no ha salido el acoplamiento de funcionarios” y el cambio informático no se espera hasta febrerEn Asturias, la implantación ha comenzado en Langreo y Mieres, aunque “con problemas de reparto”, mientras que en grandes sedes como Gijón, Oviedo y Avilés la Oficina Judicial del Tribunal de Instancia ha sido oficialmente pospuesta hasta el 15 de febrero.Canarias presenta uno de los escenarios más complejos. El acoplamiento de funcionarios se publicó el 31 de diciembre, pero el Colegio alerta de que se han detectado “importantes errores”, y de que aún “no hay noticias de cuándo se procederá al traspaso de expedientes a los nuevos servicios”.En Gran Canaria y Tenerife, por el momento, los letrados y funcionarios continúan desempeñando las mismas funciones que antes del 31 de diciembre.Situaciones similares se repiten en Galicia, donde la implantación será progresiva; en el País Vasco, donde el proceso “va lento y está previsto que se retrase varios meses”; y en la Comunidad Valenciana, donde “tampoco se está funcionando con la nueva estructura” y la fase de estabilización se prolongará hasta marzo de 2026.En Madrid y Cataluña, aunque oficialmente se da por implantado el nuevo modelo, el CNLAJ pide prudencia y advierte de “importantes complicaciones en la gestión de los nuevos usuarios”, con “altas indebidas que impiden el acceso a los sistemas” y problemas graves en el reparto de asuntos, algunos de ellos presentados aún a juzgados que “hoy son inexistentes”.Problemas graves en «territorio Ministerio»Especialmente crítica es la valoración del Colegio sobre la implantación en el territorio gestionado directamente por el Ministerio de Justicia, que califica sin matices como “atropellada”, con “absoluta falta de previsión” y sin criterios claros.Este territorio comprende las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Murcia, Islas Baleares, Ceuta y Melilla así como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.Entre los fallos detectados en apenas un día de funcionamiento, el CNLAJ destaca que “los contadores de la aplicación de gestión Atenea no han funcionado correctamente”, que el sistema Ainoa “no está funcionando, cuando precisamente es el aplicativo que tiene que generar las tomas de posesión y los ceses”, y que “faltan órdenes y protocolos específicos” que aclaren la relación funcional con los jueces.A ello se suma la “descoordinación con los servicios del Consejo General del Poder Judicial, concretamente en la gestión de los exhortos”, y, de forma especialmente preocupante, las dificultades generalizadas en las Unidades de Guardia y de Violencia sobre la Mujer.Según el CNLAJ, estas guardias “se están encargando a personas que no la han hecho nunca” y que “no tienen acceso a las aplicaciones ni al sistema de registro de medidas cautelares SIRAJ, lo que es muy grave”.Dudas sobre el ejercicio de funciones esencialesAnte este escenario, el CNLAJ plantea una cuestión de fondo sobre el funcionamiento del sistema judicial: “si no hay juzgados desde el día 1, sin que se haya generado el cambio organizativo, ¿cómo se van a ejercer funciones procesales, la fe pública, la ordenación del proceso, o la dación de cuenta, por los LAJ desde estructuras inexistentes?”.El CNLAJ subraya que su objetivo es la transparencia, recordando que “están en juego los derechos de todos los justiciables”, así como los de los profesionales del derecho y de los propios Letrados de la Administración de Justicia.Por ello, insiste en la necesidad de que la adjudicación de los nuevos puestos deje claro el régimen de recursos, para que quienes se consideren perjudicados “puedan ejercerlos”.Finalmente, el CNLAJ advierte de que seguirá informando y ofreciendo su análisis sobre la realidad de la Administración de Justicia en este proceso de transformación estructural.Fuente: confilegal.com

El pasado 14 de noviembre, D. Juan González Díaz, juez del Tribunal de Instancia de Valencia de Alcántara (Cáceres), planteó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en relación con la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia ("LO 1/2025"), tras inadmitir una demanda por no haberse acreditado el intento previo de un Mecanismo Adecuado de Solución de Controversias ("MASC"), exigido como requisito de procedibilidad por el artículo 5.2 de la citada norma.Lo cierto es que esta situación no ha sorprendido a quienes conocen el funcionamiento de nuestro sistema judicial. De hecho, el juez D. Antonio Javier Pérez ya había anticipado este escenario, al señalar que sería necesario acudir al Tribunal Constitucional, dado que el requisito de procedibilidad se encuentra estrechamente vinculado con el derecho constitucional de acceso a la justicia.El talón de Aquiles: los procedimientos de familiaEl juez Pérez también identificó el ámbito en el que surgirían las mayores complicaciones: los procedimientos de familia. La ley establece, por un lado, que no cabe transigir sobre cuestiones que afectan a menores, lo que generó dudas acerca de la aplicabilidad de los MASC a este tipo de procedimientos. No obstante, tanto las juntas de jueces como los letrados de la Administración de Justicia que se han reunido al respecto coinciden en que los MASC son, en términos generales, aplicables a los procedimientos de familia.Sin embargo, subsisten dudas en determinados supuestos concretos, especialmente en aquellos relacionados con la adopción de medidas provisionales. Precisamente, esta contradicción es la que aprecia el juez González Díaz: la LO 1/2025 impone la obligación de intentar un MASC incluso cuando la materia litigiosa no puede ser libremente dispuesta por las partes, al tratarse de cuestiones reguladas por normas de ius cogens, como la custodia, los alimentos y el régimen de visitas de menores.Un laberinto procesal sin salida al SupremoSon muchas las voces que, desde hace meses, reclaman una aplicación homogénea de los criterios relativos a los MASC entre las 48 Audiencias Provinciales españolas. Podría pensarse en el Tribunal Supremo como instancia unificadora; sin embargo, esa vía no resulta transitable. El único cauce efectivo para alcanzar la unificación de criterio pretendida pasa por la interposición de un recurso ante la Audiencia Provincial y, tras su eventual inadmisión, por la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24 de la Constitución.En este contexto, varias Audiencias Provinciales están optando por inaplicar o flexibilizar la exigencia de acudir previamente a un MASC, al considerar que dicho requisito puede dificultar la protección urgente de los menores y afectar al derecho a la tutela judicial efectiva. Así, resoluciones como las de la Audiencia Provincial de Navarra han revocado inadmisiones de demandas, afirmando que la negociación previa no puede imponerse de manera rígida.Una burocracia sobre lo evidenteLa incorporación de los MASC, concebida para facilitar a los ciudadanos un acceso a la justicia más rápido y accesible, parece estar produciendo, en la práctica, el efecto contrario.Durante años, en la inmensa mayoría de los asuntos, los abogados intentaban alcanzar un acuerdo antes de acudir a los tribunales; eran excepcionales los casos en los que se presentaba una demanda sin un intento de negociación previa. De ahí, la paradoja que hoy se plantea: desde el 3 de abril de este año, la falta de acreditación formal de esa negociación puede frustrar el acceso a la jurisdicción. Lo que antes constituía una práctica profesional habitual y eficaz se ha transformado en un requisito de procedibilidad que, en determinados supuestos, plantea interrogantes respecto de la tutela judicial efectiva.Una reflexión necesariaEl derecho de acceso a la justicia difícilmente puede quedar supeditado, con carácter general, a la previa acreditación de un intento de MASC sin suscitar dudas de constitucionalidad, dado que introduce un requisito de procedibilidad que recae sobre el litigante en prácticamente todas las materias.Ahora bien, este debate trasciende lo estrictamente técnico-jurídico. Obliga a cuestionarse si la legítima aspiración de eficiencia del sistema judicial puede justificar la introducción de barreras de acceso en ámbitos especialmente sensibles, donde están en juego derechos fundamentales. La futura resolución del Tribunal Constitucional no solo condicionará el alcance y la configuración de los MASC, sino que servirá para definir el equilibrio entre dos valores esenciales de nuestro Estado de Derecho: la agilidad procesal y la garantía efectiva de la tutela judicial.Fuente: eleconomista.es

La condena al fiscal general, la huelga de los jueces y las reformas de los tribunales marcan el paso de un año de vértigo. Moncloa saca pecho y ve brotes verdes.Ha sido un año convulso en el terreno judicial —y para muchos esta descripción se quedará corta—. Al empezar 2025, existía una sensación de nerviosismo en los pasillos de los juzgados. La razón era que el Ministerio de Justicia arrancaba el año con la mayor reforma judicial de la democracia. Los juzgados pasaban a ser tribunales de instancia y las partes involucradas en un conflicto estarían obligadas a intentar un acuerdo antes de acudir al juez. En el año que termina, jueces, funcionarios y abogados han denunciado prisas, falta de funcionarios, de recursos, de presupuesto y de instrucciones. Y bajo un enfoque político inevitable no han faltado acusaciones de que todo responde a un plan para mermar la independencia de los jueces.Sumado a la insólita condena del fiscal general del Estado, la huelga de jueces o la polémica por la reforma de la figura del fiscal, dejan un año judicial de vértigo. Esta es la crónica de 12 meses de infarto en el mundo de las togas.La gran reformaEl texto que marcó el calendario fue la Ley Orgánica 1/2025, también conocida como Ley de Eficiencia de la Justicia. La norma marcaba tres fechas clave: 1 de julio, 1 de octubre y 31 de diciembre. La sensación general entre los operadores jurídicos es que la norma ha entrado en vigor a trompicones, sin instrucciones suficientes para abordar una operación de ingeniería de esta magnitud. El plan de Justicia pasaba por cambiar los requisitos de admisión de las demandas, los nombres de los juzgados (ahora se llamarán Tribunales de Instancia), la distribución de las oficinas administrativas y la organización de toda la planta judicial. Y hacerlo todo en 12 meses.“Los problemas están en el ‘estajanovista’ calendario de implantación elegido por el Ministerio de Justicia, unido a la falta de una dotación presupuestaria adecuada”, denunció este verano, en un acto del Consejo General de la Abogacía Española, Miguel Alfonso Pasqual, magistrado del Tribunal Superior de Murcia.En una nota informativa, emitida el pasado lunes tras la Conferencia Sectorial de Justicia, el ministerio reafirmaba su intención de finiquitar la reforma el 31 de diciembre, a pesar de la cascada de quejas de asociaciones de jueces, fiscales, funcionarios y Letrados de la Administración de Justicia, que advierten no tener medios ni instrucciones para afrontar la nueva organización. Si bien Justicia flexibilizará los plazos de la reforma en los territorios más rezagados. “El Ministerio y las comunidades autónomas han acordado también por unanimidad dotar de cierta flexibilidad a todos los partidos judiciales de tal manera que la entrada en funcionamiento de los equipos que lo requieran se realizará de forma progresiva en función de las necesidades organizativas y de cargas de trabajo, sin afectar, en ningún caso, al servicio público de justicia que se presta a la ciudadanía. En todo caso, los medios personales y materiales están ya a disposición de los tribunales de instancia”.ColapsoLos titulares de los juzgados de violencia de género anticiparon una situación de “colapso total”. Así lo plasmaron en una carta remitida al ministro, en marzo, firmada por 135 jueces. Como explicaba la misiva, la Ley Bolaños prevé que estos juzgados pasen a conocer todos los delitos de violencia sexual donde la víctima sea mujer. Hasta la fecha, estos asuntos eran derivados a los juzgados de lo penal. Con el nuevo organigrama, los jueces de violencia de género pasan a asumir un 20% más de trabajo, trabajo que tendrán que encarar con los mismos medios en unas oficinas ya desbordadas, según su denuncia.La reacción de Bolaños no se hizo esperar y el ministro anunció nuevas plazas de jueces. En concreto, 1.440 en un plan de tres años, hasta 2027; y 50 para violencia de género este año.Pero frente a los micrófonos, Bolaños insistía en que con los tribunales de instancia no sería necesario crear plazas de cero para reforzar aquellas sedes desbordadas. Más bien bastaría con ordenar traslados dentro de la misma unidad administrativa, lo que reducía la burocracia y los gastos. Pero los jueces han insistido en que solo juristas especialistas, es decir, aquellos que han recibido formación en violencia machista, pueden juzgar esta clase de delitos.El cambio tuvo efectos el 1 de octubre, por lo que es pronto para juzgar su impacto.Huelga históricaLas explicaciones de Bolaños no apaciguaron los ánimos. La crispación era creciente y alimentada por una polémica reforma del Estatuto Fiscal y la intención de incluir en la carrera a 1.004 jueces y fiscales sustitutos vía estabilización, es decir, sin pasar una oposición ordinaria. El enfado de los jueces y fiscales culminó con una huelga general sin precedentes en la judicatura celebrada en julio, la primera que duraba tres días consecutivos.Un éxito según los convocantes (cifraron el seguimiento en un 70%) y de tibio alcance según el Gobierno (redujo la cifra al 31,04%). En cualquier caso, el 28 de junio, centenares de miembros de la judicatura blandieron pancartas y entonaron cánticos en la Plaza de París del Tribunal Supremo, en una postal inaudita. El grito más repetido fue para exigir “independencia judicial”. Horas antes, el Poder Judicial había dejado claro que la huelga carecía de sustento legal.MenoresEn el mundo de los abogados, en 2025, el ojo del huracán se posó en los métodos adecuados de resolución de conflictos (MASC), obligatorios en la mayoría de pleitos civiles con la Ley Bolaños. El carácter obligatorio de los MASC levantó ampollas por varios motivos. En varias apariciones públicas, Isabel Winkels, vicedecana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), defendió que la obligación de acudir a un MASC genera demoras en pleitos muy sensibles con menores.En noviembre, la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) presentó una queja al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, alertando que los MASC entorpecerían 40.000 procesos de divorcios y separaciones con menores al año. “¿Se imaginan que el régimen de visitas con los hijos o el pago de los alimentos se demora todavía más? Pues está sucediendo”, denunció Lola López-Muelas, presidenta de la AEAFA.Ruleta rusaLos MASC no han cosechado buena fama entre los abogados. Es un malestar entendible —y es imposible ignorar este extremo— habida cuenta de que un acuerdo fuera de los juzgados supone una factura en servicios legales menos abultada. El primer sondeo sobre la aceptación de la medida entre los letrados, realizado en octubre por el ICAM con más de 1.000 abogados madrileños, refleja este enfado: el 82% de los encuestados suspendió la reforma, pero además, uno de cada dos le otorgó una puntuación de cero de diez puntos. El 90% aseguró que la norma ha traído más retrasos. Y el 71% afirmó que los requisitos de procedibilidad son demasiado dispersos, lo que ha alimentado la sensación de inseguridad jurídica.DatosHace unos días vio la luz un dato revelador: los órganos judiciales españoles registraron entre julio y septiembre un total de 1.519.584 nuevos asuntos, un 12,5% menos en comparación con el mismo periodo de 2024, según las cifras del CGPJ. Y más sorprendente es que, en el orden civil, la jurisdicción donde los MASC tienen efecto, la tasa de nuevos litigios descendió un impresionante 30,9%.¿Está reduciendo la Ley Bolaños la litigiosidad? Es una posibilidad. La pregunta, en cualquier caso, es a qué precio: es imposible saber si lo que crecen son los acuerdos extrajudiciales exitosos, el objetivo, o más bien las demandas archivadas por no cumplir con el papeleo. Moncloa saca pecho y habla de brotes verdes; la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la mayoritaria, tacha el discurso de “triunfalista” y asegura que lo que se está creando es un tapón de asuntos estancados. Según el sondeo del ICAM, un 10% de los intentos de arreglo entre las partes se materializa en un acuerdo entre las partes.CismaEn octubre, en un giro de guion que pocos esperaban, el bloque conservador consiguió revalidar su mayoría de la Comisión Permanente del CGPJ. Ocurrió tras una votación de infarto, con el inesperado voto favorable de Carlos Hugo Preciado, el vocal propuesto por Sumar, y el voto de la presidenta, Isabel Perelló. El suceso rompía el delicado equilibrio de poderes que nació de la renovación de los veinte vocales del Consejo en el 2024. La fotografía ahora es distinta: 10 vocales conservadores, nueve progresistas y el voto independiente de Preciado. Mientras que la presidenta, Perelló, ha dejado claro que no se casa con nadie.El episodio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por filtrar el correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y por emitir una nota de prensa para desmentir una noticia incorrecta, es el colofón a un año judicial repleto de turbulencias. La previsión es que 2026 no sea más tranquilo. La renovación de Cándido Conde-Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional, cuyo mandato expiró el 17 de diciembre, y para el que no se ha dado un acuerdo de renovación, ya anuncian nubarrones de bloqueo y las primeras curvas del año.Las sentencias del añoAmnistía. El 26 de junio, el pleno del Tribunal Constitucional avaló la Ley de Amnistía, con el voto a favor de los seis magistrados progresistas contra cuatro conservadores. Hay pendiente un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el asunto, pero el Abogado General de la UE, hace unos días, se posicionó en sintonía con el Constitucional.Indemnización. El 16 de julio, el Tribunal Supremo cerró un espinoso capítulo en el terreno laboral al sentar que las indemnizaciones adicionales por despido improcedente, por cuantías por encima de lo que fija el Estatuto de los Trabajadores, no están reconocidas por la ley. Varios jueces habían concedido estos finiquitos extras para garantizar una “indemnización adecuada”, como dictan los organismos internacionales. Pero la Sala, tajante, sentenció que la indemnización “no puede verse incrementada por vía judicial”. Con un matiz relevante: los magistrados dejaron claro que la Carta Social Europea no es de aplicación directa si sus preceptos no son claros o imperativos.Pisos turísticos. El 2 de septiembre, el Tribunal Supremo zanjó, una vez más, la controversia sobre los pisos turísticos en las comunidades de propietarios, avalando los acuerdos de vecinos que los prohíban expresamente. Desestimó el recurso interpuesto por dos copropietarios y confirmó su doctrina anterior.IRPH. El 12 de noviembre, el Tribunal Supremo falló a favor de la banca en dos sentencias pioneras sobre Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), las primeras tras el pronunciamiento del TJUE. El Alto Tribunal cerró la puerta a declarar abusivas todas las cláusulas de este estilo —lo que refuerza la postura de la banca— y fija pautas para identificar signos de nulidad.Fiscal general. El 20 de noviembre, El Tribunal Supremo condenó a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos a pena de multa y 2 años de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado.Fuente: cincodiaselpais.com

La Administración de Justicia española se halla inmersa en la que ha sido calificada como la mayor transformación estructural de las últimas décadas, impulsada por la Ley Orgánica 1/2025 y una densa agenda legislativa. A mediados de noviembre de 2025, el proceso se encuentra en una fase crucial, marcada por la culminación inminente de las primeras etapas de reorganización territorial y por la emergencia de desafíos operativos críticos que amenazan con socavar la eficiencia esperada.Las novedades de noviembre se centran en la evaluación práctica de los cambios implementados y las reivindicaciones profesionales surgidas de la digitalización. Uno de los debates más urgentes ha sido planteado por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y el Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM), quienes el 3 de noviembre de 2025 instaron al Gobierno a crear un sistema unificado para la suspensión efectiva de vistas y plazos por imposibilidad sobrevenida del profesional (enfermedad, accidente, etc.).A pesar de que el derecho a la conciliación está formalmente reconocido en la Ley Orgánica 5/2024 del Derecho de Defensa y en la reforma de la LEC (RDL 5/2023), la plataforma obligatoria de notificaciones, LexNET, no detiene automáticamente las comunicaciones. Esto obliga al profesional afectado a realizar múltiples gestiones manuales, creando una carga burocrática excesiva que socava la tutela judicial efectiva del ciudadano. La propuesta para solucionar esta brecha entre la modernización tecnológica y las garantías procesales es la creación de un Registro Único de Incapacidades Profesionales que active la suspensión automática de plazos y notificaciones en LexNET con una sola comunicación.El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) evaluó las Fases I y II de la implantación de los Tribunales de Instancia (TI) (llevadas a cabo el 1 de julio y el 1 de octubre de 2025, respectivamente), calificándolas como "razonablemente satisfactorias".No obstante, el 29 de octubre de 2025, el CGPJ advirtió a las Administraciones prestacionales sobre disfunciones críticas que deben resolverse antes del gran "reto organizativo" de la Fase III, prevista para el 31 de diciembre de 2025. Además, el 12 de noviembre de 2025, la experiencia de transformación española fue presentada ante la 10ª Mesa Redonda Global de la OCDE en Madrid, destacándose el cambio organizativo de los Tribunales de Instancia como una estrategia para lograr una justicia más eficiente y ágil.El Sindicato Profesional de Justicia de USO, el pasado 10 de noviembre, ha solicitado suspender la Fase III de implantación de los tribunales de instancia por su complejidad y falta de medios en los partidos judiciales más grandes.Los Tribunales de InstanciaLa reforma se articula sobre dos pilares fundamentales: la reorganización física de la planta judicial y un profundo cambio legislativo en los procedimientos penales y de acceso a la carrera. La transformación más visible es la sustitución de 3.900 juzgados por 431 Tribunales de Instancia (TI), agrupados en un único órgano por partido judicial.El cambio fundamental es el abandono del modelo parcelado por una organización basada en Servicios Comunes y especializada por funciones. Toda OJ contará obligatoriamente con un Servicio Común de Tramitación (SCT) y, dependiendo del tamaño, con el Servicio Común General (SCG) y el Servicio Común de Ejecución (SCE), todos ellos dirigidos por Letrados de la Administración de Justicia.Los TI permiten la creación de secciones especializadas (como Violencia sobre la Mujer, Familia o Mercantil). Este sistema está diseñado para ser flexible, permitiendo crear nuevas plazas judiciales dentro de una estructura ya existente a un coste mucho menor (86.000 euros por plaza, frente a los 400.000 del modelo antiguo). El modelo muestra resultados prometedores, registrando en los partidos judiciales donde se ha implementado una reducción de la pendencia (más del 40%) y un aumento en la ejecución de resoluciones (70%) en casos piloto, según datos de Justicia.Los antiguos Juzgados de Paz han sido sustituidos por Oficinas de Justicia en el Municipio, que amplían sus servicios para facilitar trámites, atender a la ciudadanía y eliminar barreras de acceso, incluso permitiendo la conexión por videoconferencia con los tribunales. A nivel organizativo, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó en junio de 2025 instrucciones para el despliegue de los TI. La LO 1/2025 supuso la recuperación por parte de los jueces de las facultades de dirección e inspección sobre todos los asuntos que conozcan desde el momento de su reparto.Esta transformación implica que los jueces comparten una única organización instrumental de medios personales y materiales (la Oficina Judicial), desapareciendo las unidades procesales de apoyo directo (unidades de apoyo directo).La Agenda Legislativa PrioritariaEl Gobierno ha aprobado un proyecto de ley para modernizar la LOECrim (vigente desde 1882). La medida más relevante es la intención de trasladar el liderazgo de la investigación penal a los fiscales, en lugar de a los jueces de instrucción. No obstante, se prevé que los jueces sigan supervisando para garantizar las garantías legales y procesales. Esta reforma introduce también la regulación de nuevas técnicas de investigación como el uso de ADN y la Inteligencia Artificial.El proyecto de ley orgánica, cuya tramitación ha sido aprobada por el Congreso, modifica las carreras judicial y fiscal e introduce una prueba práctica sobre un caso real y corrección anónima para valorar el razonamiento jurídico sobre la memorización.Se blindan las becas SERÉ con una cuantía mínima equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Además, permite a profesionales con más de 10 años de ejercicio acceder por concurso-oposición. Y con el fin de estabilizar, se prevé ña convocatoria de 1.004 plazas para estabilizar interinos, un proceso que responde a requerimientos de la Comisión europea. Y, finalmente, entre las novedades destaca la prohibición de financiación privada de asociaciones judiciales, así como la creación de un registro público de preparadores de opositores.La LO 1/2025 establece el uso de MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias, como mediación o arbitraje) como requisito de procedibilidad en ciertos procedimientos civiles y mercantiles. Esto busca reducir la carga judicial.Sin embargo, como se informa en el texto de portada de esta revista, juristas debaten la exclusión de procedimientos como desahucios, juicios monitorios y reclamaciones de morosos de comunidades de propietarios, donde el margen para la mediación es limitado, lo que ha llevado al Congreso de los Diputados a solicitar una revisión de aquellos procedimientos en los que parecen inviables.Retos PendientesEl Gobierno impulsa con fuerza las reformas de la LOECrim y de la carrera judicial y fiscal, considerándolas prioritarias para la legislatura. Ambos proyectos han sido remitidos al Congreso. El escenario más probable, según predicen los expertos, es que muchas de las reformas clave salgan adelante con ajustes negociados, dado el impulso del Ejecutivo y el respaldo técnico a ciertas medidas, a pesar de las resistencias políticas y profesionales.El éxito de la reforma, sin embargo, está supeditado a la resolución de desafíos operativos urgentes: El CGPJ ha reiterado que las plazas de jueces autorizadas para la próxima convocatoria son insuficientes para cubrir las necesidades existentes y asumir el reto organizativo de los Tribunales de Instancia. También, se requieren grandes inversiones para adaptar las sedes judiciales al nuevo modelo de servicios comunes, ya que muchas fueron construidas bajo el esquema de juzgados parcelados. Pese a que la LO 1/2025 está diseñada para un expediente totalmente electrónico (papel cero), la gestión informatizada no es uniforme en todos los territorios. El CGPJ advierte que esta dispersión en los sistemas informáticos puede causar pérdidas de expedientes, aplazamientos y suspensiones.Las huelgas de jueces y fiscales demuestran descontento notable con aspectos de las reformas, especialmente con el cambio del modelo de instrucción penal. Este rechazo puede ralentizar la implementación práctica de los cambios.Las lagunas sobre la buena fe procesalLa ley entiende por MASC cualquier actividad negociadora a la que las partes acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al conflicto, ya sea por sí mismas o con la intervención de un tercero neutral. No hay mayores indicaciones y los jueces tratan de unificar criterios para interpretar cada caso. Las partes pueden convenir sobre sus derechos e intereses, siempre que lo acordado no sea contrario a la ley, a la buena fe ni al orden público.Para que se entienda cumplido el requisito de procedibilidad a la vía judicial cuando no interviene un tercero neutral, debe haber una declaración responsable de buena fe. Por otra parte, si interviene una tercera persona neutral, el documento acreditativo debe incluir una declaración solemne de que las dos partes han intervenido de buena fe en el proceso para que surta efectos ante la autoridad judicial.En el incidente de acumulación de procesos, la ley introduce un criterio de buena fe procesal para la imposición de costas, eliminando el criterio de vencimiento objetivo. Y si hay allanamiento del demandado antes de contestar la demanda, el juez puede imponer le el pago de las costas sen el caso de que aprecie mala fe.FUENTE: ELECONOMISTA.ES

El Decano Del Ilustre Colegio de Procuradores De Baleares Saluda y tiene el honor de comunicarle que, en fecha 21 de noviembre de 2025 se ha procedido a la renovación de la Junta de Gobierno de este Ilustre Colegio, quedando constituida de lasiguiente forma:DECANO: Excmo. Sr. D. Frederic X. Ruiz Galmés VICE-DECANO: Sr. D. José L. Sastre Santandreu SECRETARIA: Sra. Dª. Ana María Vicens Pujol VICE-SECRETARIO: Sr. D. Antonio Sebastián Company-Chacopino Alemany TESORERO: Sr. D. Jeroni Tomás Tomás VICE-TESORERO: Sr. D. Gabriel Tomàs Gili VOCAL PALMA Sra. Dª. Carolina García Meek VOCAL INCA Sra. Dª Samantha Meade-Newman Whittington VOCAL MANACOR Sra. Dª. Francesca Ribot BinimelisVOCAL EIVISSA Sra. Dª. María Bello Rodicio VOCAL MAÓ Sra. Dª Julia de la Cámara Maneiro VOCAL CIUTADELLA Sr. D. Juan Manuel Marqués Bagur FREDERIC XAVIER RUIZ GALMÉS Se complace en testimoniarle su más distinguida consideración personal. Palma de Mallorca, a 24 de noviembre de 2025

La Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia ha comunicado «urbi et orbi» a los jueces, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios que, a partir del próximo 24 de noviembre queda suprimido el uso del fax, tanto físico como virtual, conocido como Rightfax, como medio de comunicación en la Administración de Justicia.«Todas las comunicaciones deberán realizarse a través de los canales electrónicos habilitados, como LexNET, el sistema de Interconexión de Registros (SIR) o los sistemas de gestión procesal integrados», dice el comunicado de esta Dirección General.Por ello ha instado a trasladar esta instrucción a los órganos judiciales de que dependen de esta cartera, denominados territorio Ministerio. Entiéndase, los comprendidos en las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Murcia e Islas Baleares, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.«En caso de que existan situaciones excepcionales que requieran una adaptación específica, se ruega su comunicación a la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia para su análisis y resolución», añade la comunicación.La decisión se ha tomado en el marco del proceso de modernización tecnológica y mejora continua de la seguridad, sostenibilidad y eficiencia en las comunicaciones.Según han informado desde el Ministerio, se ha animado a las 12 Comunidades con competencias transferidas a que adopten este acuerdo.En España, el fax prácticamente ha dejado de usarse en la Administración de Justicia. Las normas recientes, especialmente el Real Decreto-ley 6/2023, establecen que las comunicaciones y la presentación de escritos deben hacerse por medios electrónicos.Esto incluye el uso de sedes judiciales electrónicas, registros electrónicos y sistemas telemáticos que garantizan trazabilidad, seguridad y firma digital. Para profesionales como abogados y procuradores, el uso de estos medios electrónicos es obligatorio.Por todo ello, el fax ya no es un medio habitual ni recomendado. Solo podría usarse, en su caso, de forma excepcional y si un juzgado concreto lo permitiera, algo cada vez menos frecuente. Con esta decisión, el fax queda desterrado de los órganos judiciales de territorio Ministerio.FUENTE:CONFILEGAL.COM

El procurador, como pieza esencial en el funcionamiento de la justicia, se presenta como una figura que desarrolla funciones públicas (es un imprescindible colaborador con la Administración de Justicia) y privadas, ya que representan los intereses del ciudadano que acude a los Tribunales para resolver su conflicto: presenta escritos, recibe notificaciones, impulsa el procedimiento, subsana errores etc.La función de representación es la más tradicional de la historia de la profesión, pero los avances tecnológicos y legislativos han hecho que sus funciones vayan potenciándose y ampliándoseRecientemente se han aprobado la Ley 1/2025 de 2 de Enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en las que se atribuye al procurador la función de ser agente de ejecución. Eso significa que se convierte en ejecutor de lo que el juez ha ordenado, para que la sentencia no quede solo en el papel, sino que se cumpla en la práctica. Y ello bajo la supervisión del Letrado de la Administración de Justicia.Recientemente se han aprobado la Ley 1/2025 de 2 de Enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en las que se atribuye al procurador la función de ser agente de ejecución. Eso significa que se convierte en ejecutor de lo que el juez ha ordenado, para que la sentencia no quede solo en el papel, sino que se cumpla en la práctica. Y ello bajo la supervisión del Letrado de la Administración de Justicia.«Desde el Colegio de Procuradores de Alicante, sabemos que nuestra labor procesal es esencial para garantizar la tutela judicial efectiva, pero también somos conscientes de que la verdadera fortaleza del sistema de justicia está en ofrecer vías de resolución que no se limiten al litigio, sino que incorporen la mediación, el diálogo y la gestión constructiva de los conflictos», destacan desde la institución. Por ello, se ofrecen servicios de mediación y conciliación para resolver conflictos de manera más rápida y menos costosa que un juicio, cumpliendo también de esta manera con la exigencia operada por la citada Ley 1/2025 de 2 de enero que dice que «antes de entrar en el templo de la justicia se debe pasar por el templo de la concordia».En 280 palabras, ¿qué es un procurador?Luis Beltrán Gámir, procurador colegiado en ICOPALSomos el complemento imprescindible del abogado cuando va a juicio, el Keith Richards de los Rolling, el Pedri de la Selección Española, o el Richard Harris de Sin perdón. Somos licenciados en derecho, pero no abogados. Representamos a personas y mercantiles que acuden al tribunal, asegurándonos que los actos procesales se realizan correctamente y a tiempo. Aunque no llevamos la defensa de nuestro cliente, colaboramos en la gestión efectiva del procedimiento, para que los plazos y requerimientos se cumplan correctamente, evitando la paralización del mismo, acelerando el proceso judicial.Nos ocupamos de presentar escritos, que muchas veces redactamos nosotros, y de recibir las notificaciones del juzgado, vigilando los plazos y manteniendo informado al minuto al abogado. Aunque la decisión final siempre es del letrado, podemos y debemos sugerir (sobre todo en las reclamaciones de cantidad, en las que somos grandes especialistas) qué camino tomar.Como conocedores del terreno que pisamos, sabemos las costumbres y las rarezas de los distintos juzgados en los que trabajamos. Ese trato personal con el funcionario es lo que nos hace diferenciales, y por dicho motivo me subleva ver a compañeros trabajando a 500 km de su domicilio, pretendiendo resolver los problemas con múltiples escritos o una llamada telefónica. Como dice la procuradora gerundense Helena Sánchez Buixeda: «la diferencia está en la minuciosidad y la atención al detalle».Dominamos a la perfección los medios telemáticos e informáticos, imprescindibles para relacionarse con la Justicia en la actualidad.Fuente: informacion.es

El presidente del Consejo General de Procuradores de España (CGPE), Ricardo Garrido Rodríguez, el vicepresidente del CGPE, Fernando González-Concheiro Álvarez, y el presidente de la Comisión Internacional del Consejo, Luis Ortega, han asistido y participado activamente en el Congreso Nacional promovido por la Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução (OSAE), celebrado del 16 al 18 de octubre en Évora.El evento, que tuvo lugar en la Arena d’Évora y en el Hotel M’AR de Ar Muralhas, reunió a profesionales del ámbito jurídico, representantes institucionales y académicos para debatir los grandes desafíos de la Justicia y el papel de los solicitadores y agentes de execução en la sociedad contemporánea.Durante la sesión inaugural, celebrada el día 16, intervinieron destacadas personalidades como Anabela Veloso, Bastonária da OSAE; Marc Schmitz, presidente de la Unión Internacional de Oficiales de Justicia; Ricardo Garrido Rodríguez, presidente del CGPE; Neemias Ramos Freire, director de Relaciones Institucionales e Internacionales de FENASOJAF; y Ana Catarina Ferreira, juez presidenta del Tribunal Judicial de la Comarca de Évora.A lo largo de tres jornadas, el Congreso abordó temas clave como la modernización de los servicios públicos, la regularización urbanística, la innovación en los procesos ejecutivos, la digitalización y ciberseguridad en la Justicia, así como los retos éticos y prácticos que plantea la inteligencia artificial en la toma de decisiones jurídicas.En este contexto, el Consejo General de Procuradores de España ha reivindicado la necesidad de que la procura española asuma plenamente las competencias en materia de ejecución judicial, tomando como referencia el modelo portugués. En el año 2000, Portugal sufría el doble de atasco judicial que España. Sin embargo, tras otorgar a sus procuradores –denominados allí solicitadores y agentes de execução– competencias ejecutivas, logró reducir dicho atasco en un 60% entre 2003 y 2024. En contraste, España ha visto aumentar su atasco judicial en un 112% en el mismo periodo.“La experiencia portuguesa demuestra que los procuradores ejecutivos son una solución eficaz para agilizar la Justicia. España debe dar ese paso con decisión y confianza”, ha señalado Ricardo Garrido durante su intervención.La participación del CGPE en este foro internacional refuerza su compromiso con la cooperación jurídica europea y con la modernización del sistema judicial español.Fuente: cgpe.es

Cada vez resulta más difícil disimular la preocupación que generan algunas resoluciones de inadmisión dictadas al amparo de la Ley Orgánica 1/2025. La intención de esta norma era, en principio, positiva: reducir la litigiosidad y agilizar la justicia mediante los llamados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC). Sin embargo, lo que en teoría debía servir para acercar la justicia al ciudadano, en la práctica está empezando a levantar muros de formalismo que poco ayudan a cumplir ese propósito.Esta tendencia está generando una cierta inseguridad jurídica. Lo que debía ser una herramienta para facilitar el acceso al proceso se está convirtiendo, en algunos casos, en un obstáculo. Y lo preocupante es que ese obstáculo afecta directamente al derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española.Un ejemplo claro lo encontramos en el Auto 48/2025 de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Octava), de 18 de julio de 2025. Este pronunciamiento, que ha pasado algo desapercibido fuera del ámbito jurídico, representa un auténtico soplo de sensatez. Revoca la resolución del Juzgado de lo Mercantil n.º 4 de Alicante, que había inadmitido una demanda porque consideraba que no se había acreditado correctamente el intento de MASC exigido por la ley. En concreto, la parte actora había enviado una oferta vinculante confidencial por correo electrónico certificado, indicando las direcciones electrónicas de los demandados.El juzgado entendió que ese intento no era válido porque no se había probado que el correo electrónico fuera un canal de comunicación habitual entre las partes y porque solo constaban dos mensajes intercambiados.La Audiencia Provincial, con buen criterio, corrigió esa interpretación. Apoyándose en la doctrina constitucional, recordó que el derecho a la tutela judicial efectiva impide cerrar el acceso al proceso por defectos formales subsanables. Si el juzgado tenía dudas sobre la idoneidad del canal empleado, lo razonable habría sido conceder a la parte un plazo para acreditar su uso habitual, no inadmitir la demanda sin más. Esa rigidez, además de desproporcionada, contraviene el principio pro actione que debe guiar toda interpretación procesal.Esta resolución, más allá del caso concreto, nos recuerda algo esencial: el proceso judicial no es un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio de la justicia y de los derechos de las partes. Cuando se aplica la ley de forma mecánica, sin atender a su finalidad ni a la realidad social, se desnaturaliza su sentido. En el fondo, no se trata solo de cumplir la norma, sino de hacerlo con sentido común y con respeto al derecho de acción.El Auto 48/2025 también aporta un criterio muy necesario para la práctica diaria: hoy en día, el correo electrónico es un medio perfectamente ordinario de comunicación. No reconocerlo como válido para acreditar un intento de acuerdo extrajudicial sería desconocer cómo funcionamos en la vida real. El propio artículo 3.1 del Código Civil nos obliga a interpretar las leyes conforme a la realidad social del momento, y esa realidad es digital. Otros tribunales, como la Audiencia Provincial de Málaga (Auto 538/2025, de 23 de julio), ya han seguido esta línea, reafirmando que la tecnología no puede ser un enemigo del proceso, sino su aliada.La digitalización, los nuevos medios de comunicación y los sistemas de acreditación electrónica han transformado la forma de trabajar en los despachos y en los tribunales. Pretender seguir aplicando criterios del siglo pasado en un entorno totalmente distinto solo puede llevar a más frustración y más litigios innecesarios. Por eso, necesitamos que las reformas procesales y su interpretación adopten una perspectiva práctica y proporcionada, donde la buena fe de las partes y la diligencia de sus representantes tengan el peso que merecen.En definitiva, el Auto 48/2025 devuelve el equilibrio que el sistema necesitaba. Recuerda que las normas procesales están al servicio de la justicia y no al revés. Los procuradores valoramos especialmente esta visión porque es la que defendemos cada día en silencio, en los pasillos de los juzgados, en los escritos que preparamos y en los plazos que vigilamos.El mensaje es claro: la justicia no se construye con formalismos, sino con criterio, humanidad y respeto por los derechos de quienes acuden a ella. Y en esa tarea, la procura sigue siendo una pieza clave para que el proceso no se convierta en un laberinto, sino en un camino real hacia la tutela judicial efectiva.FUENTE: ECONOMIST&JURIST

La entrada en vigor de la Ley 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia, junto con la implantación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), dibujan un nuevo escenario legal que afecta de lleno a los operadores jurídicos, muy especialmente a los procuradores. Esta transformación normativa está generando incertidumbre, inseguridad jurídica y una mayor exigencia técnica para los profesionales que gestionan el pulso de nuestros juzgados.Los procuradores observamos cómo estos cambios impactan en nuestra práctica y, en consecuencia, en el ciudadano, quien sufre las consecuencias de un sistema sobrecargado, sujeto a reformas improvisadas y poco efectivas para los operadores jurídicos. Son reformas que nacen lejos de los juzgados y al margen de la opinión de los profesionales que conocen la realidad procesal.En los últimos años, reformas legislativas impulsadas por la pandemia y las huelgas en el sector han alterado los fundamentos del procedimiento en los distintos órdenes jurisdiccionales. Hoy conviven varias leyes procesales, lo que obliga a una vigilancia jurídica extrema para evitar errores formales, pues cada pleito se rige por la norma procesal vigente en la fecha de su presentación. Esto supone una mayor carga técnica y de gestión.El procurador, en este contexto, no solo gestiona plazos y comunicaciones, sino que se convierte en figura clave para garantizar la correcta aplicación de la normativa vigente, asumiendo un rol de coordinador procesal indispensable en la defensa del ciudadano.La Ley 1/2025, en su intento por modernizar la justicia, ha introducido un cambio de modelo en la planta judicial, aún sin aplicación práctica. Se pretende ampliar determinadas funciones del procurador, aunque más que una ampliación de competencias genera nuevas responsabilidades. Entre estas atribuciones figura la posibilidad de realizar actos de comunicación, auxilio y cooperación judicial a solicitud del órgano competente, pero seguimos esperando verdaderas competencias, como una mayor participación en las fases de ejecución.Esta reforma supone una transmisión de funciones desde la Administración de Justicia al procurador, con el efecto de que los costes derivados son asumidos por las partes, lo que genera una carga económica al justiciable y lo aleja de una verdadera solución justa a sus demandasUno de los aspectos más relevantes de la nueva ley es la implantación del MASC como requisito previo a la presentación de la demanda para reducir la litigiosidad. Sin embargo, en la práctica, la negociación previa ya era habitual, y su regulación legal parece más una dilación. Si no hay voluntad de acuerdo, la negociación no prospera y la demanda se presentará igualmente.La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2001 ya suprimió la conciliación obligatoria por su carácter dilatorio e ineficaz. Hoy, con un entorno judicial aún más colapsado, nos enfrentamos a una situación similar, sin certeza de que los MASC reduzcan la litigiosidad o descongestionen los juzgados. Además, su implementación no es garantista: no están contemplados para procedimientos con beneficio de asistencia jurídica gratuita, lo que crea una barrera de acceso a la justicia para los más vulnerables.El colapso judicial sigue siendo una realidad estructural. La congestión, agravada por años de crisis, pandemias y conflictos laborales, no se resuelve con medidas parciales. Como en un atasco en hora punta, sin inversión y ampliación de recursos el problema se enquista. Las reformas son necesarias, pero deben ir acompañadas de inversión económica, digitalización real y refuerzo de recursos humanos. De lo contrario, el colapso continuará.Los procuradores, como testigos directos del día a día procesal, instamos a un enfoque integral y realista en las reformas de la justicia. La procura ha demostrado su capacidad de adaptación: fuimos pioneros en la digitalización, nos hemos adaptado a reformas procesales, gestionamos plazos y relaciones con diligencia, y ahora asumimos de nuevo nuevos retos con la vocación de siempre.La figura del procurador sigue siendo esencial para el buen funcionamiento de la justicia. Más allá de su papel como representante procesal, es garante de la agilidad, del cumplimiento de plazos, de la seguridad jurídica y del acceso eficaz a la tutela judicial.Ante la nueva ley y una justicia necesitada de reforma profunda, los procuradores estamos preparados para asumir nuevos retos. No buscamos protagonismo, sino el reconocimiento de nuestras funciones y mayor colaboración en el procedimiento. Sólo una verdadera cooperación de todos los operadores jurídicos, junto con inversión en medios personales y materiales, logrará una justicia eficiente, rápida y al servicio del ciudadano.FUENTE:ECONOMISTJURIST.ES