El nuevo marco normativo generado por la aprobación de las leyes conocidas como Crea y Crece (Ley 18/2022) y antifraude (Ley 11/2021) y su entrada en vigor casi completa en 2026 –en muchos de sus apartados– durante los próximos meses está suponiendo un importante esfuerzo, lo primero de comprensión, para miles de pymes que vertebran el tejido empresarial del país. Las novedades pretenden modernizar su día a día, dando un vuelco a la forma de facturación y su relación con el fisco.
Francisco Vidal, director de economía y políticas sectoriales de Cepyme, considera importante despejar la confusión existente entre las dos próximas obligaciones que afectan a las empresas: la actualización del software de facturación contra el “software de doble uso” y la implantación de la factura electrónica. “Son normativas diferentes, aunque a menudo se confunden, lo que ha generado dudas entre los empresarios”, señala.
La primera exige a quienes ya usan software de facturación que lo actualicen para garantizar la inalterabilidad y seguridad de los registros, permitiendo así a la Agencia Tributaria (AEAT) obtener datos fiables para el control fiscal y la lucha contra el fraude. No obliga a usar software de facturación, pero sí establece requisitos técnicos para quienes ya lo utilizan. “El grueso de las obligaciones recae así sobre los desarrolladores, no tanto sobre los usuarios finales”, aclara Vidal.
La segunda obligación, la factura electrónica, llegará más tarde (con el reglamento aún pendiente de aprobación), afectando a todas las empresas tengan o no software específico y tiene como objetivo principal el control de la morosidad y la transparencia en los plazos de pago. Esta transformación es más profunda y de mayor alcance, obligando a muchas microempresas y autónomos a adoptar sistemas digitales”, apunta el responsable de Cepyme.
En todo este proceso los gestores administrativos, figura crucial para el funcionamiento ordinario de pymes y autónomos, van a tener un papel insustituible, como señala Fernando Santiago, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos (CGGA): “Nuestros profesionales están preparados para acompañar a las empresas durante la transición, aportando asesoramiento y gestión directa del proceso de digitalización, lo que ayuda a evitar errores y facilita el cumplimiento normativo. Sin duda es fundamental ofrecer formación práctica y adaptada a las necesidades reales de las empresas, de la mano de profesionales cercanos como los gestores administrativos, para garantizar una implantación eficiente y homogénea, reducir la resistencia al cambio y asegurar el éxito del proceso”.
Y es que la digitalización forzada acarrea un cúmulo de desafíos que van más allá de la simple sustitución del papel. Muchas pymes y autónomos aún se resisten, carecen de experiencia digital o se asustan de la inversión necesaria –especialmente quienes manejan recursos limitados– para la adaptación de sistemas y la integración con otras plataformas de gestión.
Tanto desde Cepyme como desde el Consejo de Gestores envían un mensaje de tranquilidad, resaltando las ventajas que el nuevo escenario aportará a las empresas y a la economía. Aunque la digitalización implicará un costo inicial que puede generar dudas entre los afectados, este esfuerzo se verá compensado a medio plazo con importantes beneficios en los procesos y la gestión.
Para el abogado y experto fiscalista Gonzalo de Luis, socio director en De Luis Abogados, este nuevo contexto tiene dos vertientes: un mayor control de los ingresos y gastos por parte Hacienda y, en la operativa interna, una mejor y más inmediata gestión de los ingresos. “La notificación a los clientes será más rápida, segura y fehaciente, lo que ayudará al control de impagos. Sin duda una ventaja”. En todo caso, recuerda De Luis, “los profesionales o empresas de poca facturación pueden seguir empleando sistemas manuales. No están obligados a la factura electrónica, aunque les acabará llegando”. Como apunta, las micropymes tienen la misma falta de medios que una persona física.
En cualquier caso, la facturación electrónica para las pymes y autónomos va a suponer mucho más que una imposición normativa: es una oportunidad estratégica para profesionalizar y modernizar la gestión empresarial. A corto plazo, la transición exigirá inversión, formación y una gestión del cambio eficaz; a medio y largo plazo, el salto digital puede determinar la competitividad, la resiliencia y la capacidad de crecimiento en un contexto cada vez más digital y globalizado.
Como señala Gonzalo de Luis, socio director en De Luis Abogados, “todo lo relacionado con la factura electrónica es confuso y disperso y los plazos anunciados se han incumplido hasta ahora”. El calendario previsto es el siguiente: a partir del 1 de julio de 2025, los desarrolladores de software de facturación y contabilidad deben asegurar que sus productos cumplan con los requisitos de la ley, incluyendo la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Las empresas y autónomos tienen hasta el 1 de enero y el 1 de julio de 2026 respectivamente, para adaptar sus sistemas. La segunda fase, para emitir facturas electrónicas entre empresas, comenzó en 2025 para grandes corporaciones y afectará en 2026 a pymes y autónomos.
En todo caso, los expertos piden elasticidad en la aplicación ya que, como expone el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos (CGGA), Fernando Santiago, “el cumplimiento normativo no se garantiza con sanciones, sino con comprensión, acompañamiento y recursos. Si lo hacemos con empatía, flexibilidad y ayudas reales, la facturación electrónica puede convertirse en una palanca de modernización. Si lo hacemos con rigidez y sin apoyo, puede ser un golpe para quienes menos margen tienen”.
Francisco Vidal, director de economía y políticas sectoriales de Cepyme, recuerda que la institución, por su parte, ha pedido plazos más largos para adaptación y formación y espera que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) sea comprensiva con las dificultades en la implementación”.
FUENTE: CINCODIAS
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