Procuradores

Las tensiones no ayudan, por eso, los procuradores se ofrecieron de inmediato a terciar en el conflicto a través de su Instituto de Mediación. Alberto García Barrenechea, decano del colegio de procuradores de Madrid y secretario del Consejo General de Procuradores de España, subraya que quieren facilitar el diálogo para evitar “la confrontación y la judicialización del conflicto”. La procura confía en que esta vía “podría contribuir significativamente a mejorar el proyecto de ley orgánica publicado el pasado 22 de mayo” que afecta al acceso a la judicatura y fiscalía.

Desde la experiencia que les brinda tomar a diario el pulso en los tribunales, los procuradores abogan por mantener el sistema de oposición como pilar de acceso a judicatura y fiscalía, garantía de “igualdad y mérito”. La procura valora positivamente la implementación de becas pública para “nivelar oportunidades” y la digitalización del proceso, siempre que no implique rebaja de exigencias. “Hay que evitar puertas traseras sin filtros objetivos como el cuarto turno”, subraya García Barrenechea. El acceso de jueces por “entrevistas y evaluación de trayectorias introduce sesgos ideológicos y nos genera dudas”, afirma el decano.

Abogacía

El Consejo General de la Abogacía (CGAE), como representante del colectivo jurídico más numeroso, está siguiendo muy de cerca el conflicto. Su presidente, Salvador González, se ha reunido con las asociaciones de jueces y apuesta por el consenso para modernizar el sistema de 1985 sin ponerlo en riesgo. Más allá de las reformas en marcha, González muestra su preocupación por “el cuestionamiento recurrente por parte de la política de los pronunciamientos de los jueces”, que “perjudica la imagen del conjunto y oculta los verdaderos problemas del sistema, como los retrasos y la situación de la justicia gratuita”.

La Abogacía reconoce aspectos positivos en la reforma, pero cuestiona otros. “Defendemos el mérito y la capacidad como fórmula para contar con profesionales de calidad”, resume González. “Es importante reflexionar sobre si nuestra Administración de Justicia puede soportar tantos cambios en tan poco tiempo y analizar si existen los medios digitales y organizativos necesarios y adecuados en cada territorio”, apunta el presidente, que echa en falta planificación y programación.

La Abogacía ha lamentado este lunes “los daños incuestionables causados por el primer día de huelga de jueces y fiscales”. Desde el CGAE han alertado de que las “decenas de miles de asuntos afectados ya no se resolverán durante 2025, lo cual complicará todavía más la situación de un sistema judicial con casi ocho millones de asuntos pendientes”.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) también sigue con lupa el pulso. El decano de la institución, Eugenio Ribón, ha puesto a disposición sus colegiados un modelo para poder reclamar una indemnización al Ministerio de Justicia por los perjuicios sufridos como consecuencia de una posible suspensión de señalamientos judiciales durante los días de huelga. Desde el colegio se exige información “clara, anticipada y accesible sobre la celebración o suspensión de las actuaciones judiciales programadas”. El primer día de huelga ya ha habido testimonios de ciudadanos y abogados que se han desplazado en vano al juzgado para celebrar un juicio que ha sido cancelado a última hora.

Ribón comparte con los jueces dudas sobre la reforma: “Tal y como está redactada la norma, se abre la puerta a una discrecionalidad preocupante en el acceso a la carrera judicial”. El decano teme que el modelo de acceso a la judicatura “esté sujeto a criterios no suficientemente objetivos”, que afecte no solo a los aspirantes, sino “a la percepción de independencia del Poder Judicial y a la confianza ciudadana”. Si no se ata en corto el conflicto, advierte, “puede suponer la paralización de cientos de actuaciones procesales y añadir más retrasos a una justicia que ya sufre importantes cuellos de botella”. Desde el colegio subrayan: “Cualquier reforma debe reforzar y no debilitar la independencia del juez, la neutralidad del fiscal y el equilibrio del proceso”.

Durante el primer día de huelga, el ICAM registró un 48,8% de procedimientos suspendidos, dato recogido en un informe detallado publicado este martes.

Letrados judiciales

Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), por su parte, también temen que las medidas que se adopten en la reforma incidan en la independencia judicial. “No podemos compartir la reforma que se plantea en el sistema de ingreso, porque consideramos que el actual es el que asegura con mayor rigor que aprueban los mejores”, afirma Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ). El colegio rechaza así mismo el ingreso de jueces sustitutos “que carecen de la preparación necesaria y que no han pasado por sistemas objetivos de selección”. Cabe recordar que este colectivo también se ha enfrentado al proceso de estabilización de los LAJ sustitutos. “Nos vimos obligados a recurrir ante los tribunales la convocatoria de ingreso”, cuenta. Con esta medida consiguieron la suspensión cautelar de las pruebas.

Desde CNLAJ piden más tiempo para implementar los cambios estructurales en la organización de los tribunales. Algunos órganos judiciales, cuenta Casado, aún se ven “obligados a seguir tramitando en papel”.

Y es que la huelga de jueces coincide con la entrada en funcionamiento de los primeros 315 tribunales de instancia, que sustituyen a los anteriormente conocidos como juzgados mixtos. “El conflicto nos afecta toda vez que puede causar suspensiones y retrasos”, reconoce Juan José Yáñez, portavoz de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ). “Con independencia del concreto modelo de acceso que se establezca a las profesiones jurídicas, incluida la de letrados, es necesario que este sea estable, prolongado en el tiempo y que se aseguren unas convocatorias suficientes anuales, reclama Yáñez, quien pide más medios y formación.

Fuente: cincodias.com